Aunque la oficina a su cargo está de turno, tramitando causas urgentes sobre delitos graves -como homicidios y robos-, la fiscala penal Adriana Reinoso Cuello no subestimó la denuncia formulada por una legisladora sobre presuntas irregularidades en la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU).
Fuentes cercanas a la causa le indicaron a LA GACETA que un instructor de la Fiscalía de la VIª Nominación ya revisó todas las supuestas anomalías que enumeró la radical Silvia Elías de Pérez en la presentación que hizo la semana pasada. Sobre esa base, los investigadores podrían tomar las primeras medidas en el marco de este proceso. Y, aunque todavía no hay imputados, la extensa lista de posibles delitos contra la administración pública habría encendido la luz de alerta en la Justicia.
La fiscala no dispuso por ahora el secreto de sumario. Sin embargo, el avance de la causa se maneja con hermetismo. De hecho, no trascendieron cuáles fueron las medidas adoptadas hasta ahora y, mucho menos, cuáles serán las siguientes.
El viernes, la legisladora radical presentó en los fueros penales una denuncia en contra del ex titular de la DAU, Miguel Ángel Brito, por la probable comisión del delito de fraude a la administración Pública, tipificado en el artículo Nº 174 del Código Penal.
En la presentación judicial, la parlamentaria opositora argumenta que las presuntas irregularidades en la repartición estatal habrían sido cometidas a raíz de una ley que posibilita las contrataciones directas sin el previo llamada a licitación pública.
"La ley Nº 7.960 faculta a la Dirección de Arquitectura y Urbanismo a evitar el llamado a licitación en contrataciones de obras y servicios por hasta $ 150.000, con la sola declaración de trabajos 'prioritarios' y/o 'urgentes'. Esta ley dio pie para que desde dicha dirección se montara un mecanismo plagado de gruesas irregularidades en las tramitaciones para la ejecución de obras y/o trabajos realizados por contratación directa, previo cotejos de precios, de bienes y/o servicios. Esto lo pudo constatar el Tribunal de Cuentas -existen innumerables acordadas donde se constata tales irregularidades- y las investigaciones realizadas por mi persona, que dieron origen a esta denuncia", afirma Elías de Pérez en el escrito judicial.
Las pruebas aportadas por la parlamentaria consisten en documentación obtenida en la propia repartición y que fueron publicadas en la página de internet del organismo estatal.
La denunciante cuestiona, entre otros puntos, que desde la DAU presuntamente se haya favorecido a empresas que tendrían algún tipo de relación -directa o indirecta- con el ex funcionario que renunció al cargo tras el escándalo de los sobreprecios en luminarias, hecho que fue alertado por el Tribunal de Cuentas (TC) de la provincia.
Entre las medidas solicitadas a la fiscal Reinoso Cuello, Elías de Pérez pidió que se disponga el allanamiento a las oficinas de la DAU, "a los fines de secuestrar toda la documentación contable y administrativa, con el objeto de realizar pericias para detectar las irregularidades que se denuncian". También solicitó que se haga efectivo el allanamiento de todas las empresas que fueron proveedoras de la repartición mediante el sistema de contratación directa y que, además, se proceda al secuestro de toda la documentación contable.